¿Qué hay tras la campaña a favor de Puracal?
Por Jorge Capelán | Radio La Primerísima / Tortilla con Sal.
Estados Unidos y la Unión Europea, los dos campeones
mundiales en detenciones arbitrarias, famosos el uno por casos como el
de las cárceles de Guantánamo y Abu Grahib así como por su red global
de prisiones secretas, y su cómplice al otro lado del mar, famoso
también por haber colaborado en el montaje de esa red y por sus centros
de detención de decenas de miles de inmigrantes indocumentados, llevan
adelante una campaña para liberar a una persona convicta por
narcotráfico en Nicaragua: Una maniobra más y un claro ejemplo de la
labor de ese tándem que ha cooptado y corrompido todo el sistema
internacional de los Derechos Humanos.
"Expreso de Medianoche" en Centroamérica
En agosto de 2011, el ciudadano estadounidense Jason Zachary Puracal
fue condenado por la justicia de Nicaragua a 22 años de prisión por
narcotráfico y lavado junto con otros 10 nicaragüenses también
condenados a largas penas.
Nueve meses antes, el domicilio y la oficina de Puracal habían sido
registrados por las autoridades nicaragüenses sin una orden de arresto,
procedimiento contemplado en el código penal del país para aquellos
casos serios en los que se sospecha que el investigado puede llegar a
deshacerse de las pruebas. Usando tecnología de punta (por cierto,
brindada por los propios Estados Unidos) se encontraron trazas de droga
en el vehículo de Puracal así como abundante documentación que, según
las autoridades judiciales nicaragüenses, fundamenta los cargos contra
él y el resto de miembros de la red en la que participaba.
El estadounidense ha apelado la sentencia y esta semana comienzan las audiencias en Managua.
La historia de Puracal, un ex voluntario del Cuerpo de Paz de
Estados Unidos que luego de cumplido su servicio en Nicaragua decidió
quedarse en el país donde contrajo matrimonio y adquirió una franquicia
de bienes raíces, ha dado lugar a una campaña internacional sin
precedentes en la que una petición de libertad a su favor organizada en
la Internet ha llegado a recabar más de 90 mil firmas.
Esto es comprensible, dada la facilidad con que es posible
convertirla en un paralelo a la de la famosa película de Alan Parker con
guión de Oliver Stone, Expreso de Medianoche (1978), en la que un
estadounidense es sentenciado a 30 años de prisión por tráfico de drogas
en Turquía. Con el paso de las décadas el filme, basado en una
historia real, se ha convertido en un clásico de la islamofobia y del
cliché que retrata a todos los países de la denominada "periferia"
no-occidental como lugares sin ley en los que las almas blancas están
expuestas a toda clase de tormentos, incluso abusos sexuales, de parte
de unos nativos corruptos, desalmados e impredecibles. Luego de años de
soportar condiciones inhumanas y de abandonada toda esperanza de apoyo
de parte del gobierno estadounidense, Billy Hayes, el protagonista de
la película, decide huir de la prisión por sus propios medios.
El caso de Puracal ha sido apoyado por grupos estadounidenses como
el Innocence Project (Proyecto Inocencia) y ha recibido apoyo de
personas influyentes como "el ex director de la DEA estadounidense Tom
Cash, que ayudó a enjuiciar al capo colombiano Pablo Escobar, y el ex
ministro de justicia y fiscal de la nación de Canadá, Irwin Cotler, que
escribió una carta inflamatoria al presidente Daniel Ortega diciendo
que lo de Puracal era una 'detención arbitraria' y 'un serio abuso de
justicia'", según la publicación
Nicaragua Dispatch.
Hasta una orden del prestigioso Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias de la ONU recomienda a Nicaragua la "inmediata liberación"
de Jason Puracal.
Según la versión de los defensores de Puracal, a éste no solamente
se le habría violado su integridad al registrar las autoridades
nicaragüenses su vivienda y su lugar de trabajo sin una orden judicial,
sino que además se le habría negado el debido derecho a la defensa; se
le habría juzgado más allá del período legalmente establecido; se le
habría obligado a vivir junto con otros siete prisioneros en la misma
celda, y hasta se le habría forzado a quemarse con un calentador de
agua (¿?) que usaba en la prisión.
Todas estas acusaciones han sido negadas tajantemente por el
presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur
(Granada y Rivas), doctor
Norman Miranda Castillo, que a su vez acusó a la embajada estadounidense en Managua de intromisión en el curso de la justicia en Nicaragua.
La "Responsabilidad de Proteger" a los narcos
El pasado 24 de mayo, el secretario del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, Miguel de la Lama, envía
una carta
respondiendo a un caso remitido por Jared Genser, a nombre de la
organización "sin fines de lucro" Perseus Strategies, LLC. En la carta,
de la Lama le comunica a Genser que el Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias en su sexagésimo tercera sesión emitió el "texto
de opinión", numero 10/2012 sobre Puracal.
El
Grupo de Trabajo Sobre las Detenciones Arbitrarias
fue establecido por la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, entre otras cosas para investigar casos de
privación de libertad arbitrarios o inconsistentes con la Declaración
Universal de los Derechos humanos, tarea que según las Naciones Unidas
debe ser llevada a cabo "con discresión, objetividad e independencia".
El "
texto de opinión"
enviado por el grupo de la ONU al Gobierno de Nicaragua, aclara que el
organismo de derechos humanos no puede pronunciarse acerca de los
cargos presentados contra Puracal ni tampoco acerca de la evidencia
presentada contra él por el Estado de Nicaragua. Sin embargo, y en
vista de que el Gobierno nicaragüense no respondió a las acusaciones
formuladas por el grupo en el plazo estipulado de dos meses, éste
recomendaba a Nicaragua la liberación inmediata de Puracal, y la
realización de un nuevo juicio en caso de que se crea necesario, sin
perjuicio de indemnizarlo por los supuestos daños causados a su
persona. Evidentemente, una carta de ese organismo de la ONU,
inmediatamente se convierte en una poderosa arma mediática.
Los miembros del Comité
son Malick El Hadji Sow, de Senegal; Shaheen Sardar Ali, de Pakistan;
Roberto Garretón, de Chile; Mads Andenas, de Noruega y Vladimir
Tochilovsky, de Ucrania. Es fácil descubrir la fuerte influencia de la
Unión Europea y de la OTAN sobre este grupo en apariencia plural.
El presidente del grupo, el senegalés Malick Sow, es actualmente
juez de la Corte Suprema de su país, considerado una "democracia fuerte
y estable" por la Unión Europea, aunque con un alto nivel de pobreza
ocupando
el puesto 155 de 169 países en cuanto al Índice de Desarrollo Humano de la ONU, siendo
fuertemente dependiente de la ayuda europea, que supera el 10% del
presupuesto nacional.
Por su parte, la vice presidenta paquistaní es en realidad profesora
de derecho en la Universidad de Warwick, en Inglaterra y de la
Universidad de Oslo, en Noruega. Difícilmente se podrán esperar
actuaciones fuera de la línea oficial de un representante chileno, por
cierto, reconocido defensor de los derechos humanos en la época de
Pinochet, pero representando a un estado que practica las detenciones
arbitrarias de indígenas mapuches
sin importar la edad, como si fuese un deporte, y de un
abogado litigante ucraniano
que participó en las primeras fases de organización del Tribunal Penal
Internacional, ampliamente criticado por su parcialidad contra
todo tipo de personeros señalados por Washington como enemigos de los Estados Unidos, así como por su reluctancia a investigar
los crímenes de los aliados de la Casa Blanca.
Por su parte,
el noruego Andenas
es, como la paquistaní Shaheen Ali, profesor en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Oslo, pero además fue miembro de la directiva de
una organización muy selecta, la Asociación de Institutos de los
Derechos Humanos (
AHRI, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. Este grupo, financiado por la Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (
COST),
agrupa a unas 41 universidades de Europa que llevan a cabo
investigación en el campo de los derechos humanos. En diciembre de 2010,
AHRI realizaba, con financiamiento de COST, el seminario "
La Corte Penal Internacional y la Responsabilidad de Proteger - Sinergias y Tensiones".
Uno de los temas del seminario llevaba el sugestivo nombre de "El
camino a recorrer", una discusión sobre las maneras en que la "comunidad
internacional podría coordinar sus acciones futuras" para la
implementación de la doctrina conocida como R2P.
La
Responsabilidad de Proteger,
o R2P, es una idea que los países de la OTAN vienen impulsando desde
hace varios años en el seno de las Naciones Unidas. La base del
planteamiento de la R2P es que cuando un Estado no proteja a su
población, ya sea por falta de capacidad o de voluntad, es
responsabilidad de la "comunidad internacional en su conjunto"
intervenir, aún cuando ésto entre en contradicción con uno de los
principios fundamentales de las Naciones Unidas: El de la no-injerencia
en los asuntos internos de otros Estados. En la Cumbre Mundial de la
ONU de septiembre de 2005, una mayoría de los estados miembros, bajo
las presiones de los países de la OTAN aceptaron la idea del R2P en
principio, pero recomendaron una más amplia discusión del tema. Poco más
de un lustro más tarde, esa doctrina se llevaría a la práctica con lo
que resultó ser la agresión contra el pueblo libio por las fuerzas de
la OTAN.
En unos pocos días en marzo de 2011, Soliman Bouchuiguir, de la Liga
Libia de los Derechos Humanos, (LLDH) reunió en un pronunciamiento a
más de 70 ONGs del ramo para la 15 sesión especial del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU que tuvo lugar el 25 de febrero de 2011. En
la reunión se decidió expulsar por primera vez a un estado miembro,
Libia, por supuestos bombardeos contra la población civil. Unas semanas
más tarde comenzaría la masacre de la OTAN contra el país norafricano.
"Para serle franco, no fue un trabajo tan difícil porque todas esas
ONGs se conocen entre ellas (...) y al final, la reunión del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU hizo que todos se juntasen en Ginebra, y
fue así que lanzamos el pronunciamiento que fue firmado por todos los
miembros", dijo Bouchuiguir a periodistas que lo entrevistaron para el
documental "
The Humanitarian War", dirigido por Julien Teil.
Las cifras con las que Bouchuiguir convenció al resto de los
miembros del Consejo eran estremecedoras: El 17 de marzo de 2011,
reportaba 6 mil muertos, 12 mil heridos, 500 desaparecidos, 700
violaciones y 75 mil refugiados. Apenas dos semanas más tarde,
Bouchuiguir hablaba de 18 mil muertos, 46 mil heridos, 28 mil
desaparecidos, 1600 violaciones... Con esas cifras se justificó luego la
"zona de exclusión aérea" y los bombardeos de la OTAN que resultaron
en una verdadera masacre. Todas esas cifras eran inventadas.
Hay que recordar que
el 2 de marzo,
el jefe del Estado Mayor Conjunto de los EE.UU., Mike Mullen,
testificaba ante el Congreso: "no hemos podido confirmar que aviones
libios hayan abierto fuego contra su propia población".
Por esos mismos días,
el Estado Mayor Conjunto de Rusia informaba que había estado
monitoreando el territorio libio por satélite desde el inicio de la
crisis, a mediados de febrero, y no había logrado detectar ningún tipo
de bombardeo.
"No hay manera", respondió Bouchuiguir a la pregunta de los
periodistas acerca de cómo comprobar si las cifras que había dado a la
ONU eran verdaderas. "El gobierno libio nunca, nunca, da información
sobre los derechos humanos (...) de modo que hay que hacer un estimado",
explicó.
"...Esta información (sobre el número de víctimas civiles en Libia)
no la recibí de cualquiera. La recibí del primer ministro libio - el
del otro lado", agregó Bouchuiguir refiriéndose al Consejo Nacional de
Transición (CNT) montado por los denominados "rebeldes" apoyados por la
OTAN.
"Fue el señor Mahmoud (de la tribu Warfallah). Fue él quien declaró
esas cifras. Las usé, pero con cierta precaución", agrega. Bouchuiguir
se refería a Mahmoud Jibril, el "primer ministro" de los "rebeldes
libios" designado por la OTAN y la CIA.
Ali Zeidan, a inicios de marzo presentado como vocero de la LLDH,
había sido también vocero del CNT. Más adelante, y presionado por los
periodistas, Bouchuiguir reconoce que varios miembros del Consejo
Nacional de Transición eran también miembros de su organización de
"derechos humanos": "Usted sabe, esta gente en el gobierno (del CNT),
¡estamos todos en el mismo grupo! Ellos son miembros de la Liga Libia de
los Derechos Humanos, el ministro de información, por ejemplo, el
ministro de educación, el ministro del petróleo y el ministro de
finanzas, ¡ellos son miembros de nuestra liga! ... No tienen cargos de
responsabilidad, pero son miembros de nuestra liga", explica.
La verdadera escala de la masacre cometida contra el pueblo libio se
conocerá algún día. Por el momento, algunos datos muy maquillados de
la propia OTAN, como el uso de
7.700 misiles y bombas en unos
10.000 vuelos ayudan a hacerse una idea, aunque probablemente muy pálida, del horror. Lo cierto es que mientras que
los encargados de contar los muertos sobre el terreno
muestren la falta de ética de individuos como Soliman Bouchuiguir y los
funcionarios de las restantes 70 ONGs de "derechos humanos" que sin
siquiera pensar votaron para que otros ejercieran su "responsabilidad de
bombardear" al pueblo libio, la verdad no será conocida, sencillamente
porque hay un interés de que no se conozca.
Todo esto nos lleva a la pregunta: Si estos burócratas del humanismo
no tienen el menor empacho en inventar genocidios para luego hacerlos
realidad en función de los intereses de las potencias occidentales,
¿por qué se van a detener ante la posibilidad de exigir la libertad de
un narcotraficante como en el caso de Jason Puracal?
Sobre la mesa del Grupo de Trabajo Sobre las Detenciones Arbitrarias
de la ONU hay muchos expedientes de peso, como la ley aprobada por el
presidente estadounidense Barak Obama a finales de 2011 que permite
detenciones indefinidas sin cargos y encarcelamientos sin juicios,
para no hablar de los casos ampliamente conocidos de Abu Grahib, de
Guantánamo, o de la red de cárceles secretas de la CIA en todo el mundo,
el caso de los
7.000 menores de edad palestinos que Israel tiene tras las rejas desde el año 2000, o el caso de los
más de 200 centros de detención de inmigrantes en los que la Unión Europea hoy en día recluye a decenas de miles de personas que no han cometido delito alguno, etcétera.
¿Qué chances hay de que el Grupo de Trabajo de la ONU se ocupe
seriamente sobre esos temas? Ninguna, porque sus miembros son
totalmente dependientes de los países que cometen esas violaciones a los
derechos humanos. En el caso de Israel, éste es el más estrecho aliado
de los Estados Unidos y el mayor receptor de su ayuda militar; además,
es un miembro de facto de la Unión Europea en virtud de los generosos
tratados de libre comercio que unen a ambos países.
Estrellas en ascenso
Nada sucede espontáneamente en el corrupto universo
de las instituciones de los "derechos humanos" controladas por la OTAN.
Por ejemplo, ¿quién es la persona que envió al Grupo de Trabajo de la
ONU la solicitud de investigar el caso de Puracal?
Jared Genser,
nombrado por la revista National Law Journal como una de las "40
estrellas emergentes de menos de 40 años en Washington", es el gerente
de
Perseus Strategies, LLC y fundador de
Freedom Now,
una organización "independiente", "sin fines de lucro", dedicada a
defender supuestos prisioneros de conciencia en todo el mundo. Gesner
trabajó para firma de abogados
DLA Piper LLP y para la famosa consultora
McKinsey & Company,
entre cuyos clientes a nivel global se encuentran varias empresas
multinacionales y gobiernos en todas las esferas, incluso la militar. Un
detalle en la brillante carrea de esta estrella: En 2006-2007 fue
profesor invitado en el National Endowment for Democracy (
NED),
uno de cuyos fundadores, Allen Weinstein, allá por 1991 decía que
"mucho de lo que hacemos hoy en día lo hacía la CIA de manera
clandestina hace 25 años". Otro detalle brillante: Entre sus clientes de
oficio se han encontrado el ex presidente checo Václav Havel, la
burmesa Aung San Suu Kyi, el nobel chino Liu Xiaobo, el obispo
sudafricano Desmond Tutu, y el nobel judío-húngaro Elie Wiesel. Graduado
de prestigiosas universidades como Cornell, Harvard y Michigan, en su
currículo no podía faltar un año como becario Raoul Wallenberg en la
Universidad Hebrea de Jerusalén.
Genser es autor de un
"Comentario y Guía Práctica" sobre el Grupo de la ONU sobre las Detenciones Arbitrarias (a publicarse en 2013) y co-editor de otro sobre
la doctrina del R2P: "
The Responsibility to Protect: The Promise of Stopping Mass Atrocities in Our Times" (Oxford University Press, 2012).
¿Quién fue el editor de ese libro? Pues nada más ni nada menos que el
ex ministro de justicia canadiense que envió al presidente Daniel
Ortega una inflamada carta exigiendo la liberación inmediata del
narcotraficante Jason Puracal: Irwin Cotler. Con semejantes
antecedentes, no es de extrañar que el Gobierno de Nicaragua no le haya
hecho caso a esta campaña y que tampoco haya contestado a la carta del
Grupo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. Cuando un grupo de
amigos muy influyentes con estrechos contactos con las esferas del
imperio más poderoso sobre la tierra inician una campaña de cartas y
declaraciones en los medios, eso no constituye un movimiento social,
sino una conspiración.
El socio de Genser en Perseus Strategies, LLC, un tal
Chris Fletcher,
tiene más de agente de la CIA que de abogado idealista: Experto en
derechos humanos y responsabilidad social corporativa con experiencia en
la oficina de la ONU, asistió en los juicios contra los Khmeres Rojos
en Cambodia y en la ONG
Oxfam America, entre otros. Además, Fletcher ha participado en actividades del
Foro Tibet, Gobernanza y Práctica de la
Universidad de Virginia, un
conocido centro de reclutamiento de la CIA en el que trabajan profesores que han estado activos en la agencia de inteligencia durante muchos años tales como el
Frederick P. Hitz,
de la facultad de derecho. Otras tareas en las que Fletcher ha hecho
"trabajos temporales": El Departamento de Estado y el Banco Mundial.
Perseus Strategies, LLC es una empresa dedicada a ofrecer
servicios de asesoría legal
a grandes ONGs, empresas multinacionales y gobiernos en el terreno de
los derechos humanos, la responsabilidad social empresarial y la
implementación de la R2P. Sus actividades a menudo incluyen la promoción
de los intereses de Estados Unidos en diversos países, así como la
elaboración de diversos documentos para justificar la aplicación de la
R2P contra países-blanco de las agresiones imperialistas, como el caso
de Corea del Norte.
Paralelamente, o en realidad como una división
especial de la organización, Genser y Fletcher operan con un
"movimiento social" sui generis,
Freedom Now
que trabaja para liberar a "presos de conciencia" en el mundo dándoles
asistencia legal "pro bono", es decir, sin cobrar. Claro, entre
la lista de defendidos por Freedom Now no aparecen casos como el del ciudadano cubano-estadounidense
Rene Gonzáles y sus cuatro compañeros cubanos injustamente encarcelados en prisiones de máxima seguridad
por recabar información para prevenir actos terroristas contra Cuba
desde Miami. Por cierto, este 13 de agosto, a tres días de dar inicio la
apelación de Puracal en Nicaragua,
René González cumplía 56 años
en algún lugar de los EE.UU. sin poder estar con la mayor parte de su
familia que vive en Cuba. No, los casos que interesan al grupo de Genser
y Fletcher no son esos, sino aquellos que van en la línea de
Washington: disidentes chinos, "activistas" iraníes, periodistas en
oscuras regiones del tercer mundo, narcotraficantes estadounidenses en
países como Nicaragua u otros, por lo general en la mira de las campañas
difamatorias ordenadas desde la Casa Blanca.
Genser es sólo un miembro más de la
directiva.
El presidente de Freedom Now es el abogado Jeremy Zucker, ex actuario
judicial el Tribunal Penal Internacional y miembro del influyente
Consejo de Relaciones Exteriores, donde la élite de poder
estadounidense, tanto demócrata como republicana, decide la política
exterior de los Estados Unidos. La cubano-estadounidense radicada en
Noruega, Teresita Alvarez-Bjelland, es una consultora especialista en
organizaciones "sin fines de lucro" y además directiva de la Asociación
Noruego-Estadounidense, posición privilegiada para ejercer presión
sobre el Grupo de Trabajo de la ONU, con fuerte influencia noruega. El
abogado Peter Magyar, encargado de expandir la actividad de Freedom Now
en Europa, es un influyente jurista en los campos de las
privatizaciones y los mercados internacionales de capitales.
Freedom Now
no defiende a cualquiera.
Trabajan "estratégicamente", tratando de impulsar cambios políticos en
los países donde tienen defendidos, para lo cual no se limitan a los
juzgados y tribunales, sino que desarrollan campañas de propaganda junto
con todo tipo de actores. Dicen que sólo defienden a prisioneros de
conciencia, aunque en el caso de Jason Puracal, convicto por
narcotráfico, es difícil, por no decir imposible, usar ese argumento. En
resumen, su actividad no es más de una forma de injerencia política de
los Estados Unidos sobre otros países disfrazada de lucha por los
derechos humanos.
¿Inocencia? ¿Qué inocencia?
Una de las organizaciones más influyentes que han llevado adelante la campaña a favor de Puracal es el grupo denominado
Innocence Project (Proyecto
Inocencia), cuya misión es velar por los derechos de los ciudadanos
estadounidenses injustamente encarcelados dentro y fuera de los Estados
Unidos. Además de apoyo mediático, la organización ha dado a Puracal
apoyo jurídico a través de sus redes de abogados en los Estados Unidos.
En la página del magnate estadounidenses de las finanzas George Soros se puede leer que esa organización
en 2011 recibió una donación de 400 mil dólares
por dos años para gastos generales de parte del grupo de fundaciones
"Open Society Foundations" pertenecientes al Open Society Institute de
Soros.
Según investigadores como la estadounidense
Eva Golinger,
el Open Society Institute ha participado en la desestabilización de
los gobiernos que han resistido la ofensiva post-Unión Soviética. Esta
organización fue muy activa en Yugoslavia, Ucrania y Georgia, y trabajó
estrechamente con Freedom House y el Albert Einstein Institution (AEI)
en el derrocamiento de los gobiernos en estos países, financiando
medios de comunicación y grupos de oposición. Igualmente, el área de
interés de la Open Society Institute es Europa del Este y el Cáucaso,
pero también está muy activa en África y América Latina.
El nuevo director del "imperio filantrópico" de
Soros, Christopher Stone, "...tiene una pasión por cambiar las cosas y
una gran visión y manera de entender cómo construir instituciones y
reimaginarlas para que perduren", dijo al
New York Times
a fines del año pasado Barry C. Scheck, co-director del Proyecto
Inocencia, famoso por haber sido el abogado defensor de O. J. Simpson en
un sonado caso en 1995. ¿Inocencia de qué? La organización de Scheck
no es más que una más de las decenas de ONGs y otros grupos que Soros
ha cooptado en todo el mundo para que sigan la agenda del imperio con
sumas millonarias, sólo el año pasado, unos 860 millones de dólares.
Experto en quebrar bancos centrales en todo el mundo
con sus ataques especulativos contra las divisas, Soros critica los
excesos del sistema financiero y aboga por regularlos pero, como él
dice, "no una regulación excesiva. Los reguladores son seres humanos que
pueden equivocarse y además son burócratas que toman decisiones de
manera lenta y subordinada a influencias políticas".
El discurso de Soros respecto a sociedades abiertas,
los mercados libres y sus críticas a Bush le han hecho popular entre
los demócratas, pero no es progresista. En lo que toca a la estrategia
del imperio, Soros es parte de la élite de poder y miembro del Consejo
de Relaciones Exteriores, de Bilderberg, del International Crisis Group
y de Human Rights Watch, organismos que llevan el timón de la
geopolítica estadounidense o proveen de los argumentos de "derechos
humanos" que hacen posible sus intervenciones.
Los trapos blancos de la DEA
La "recomendación" del Grupo de Trabajo de la ONU
sobre las Detenciones Arbitrarias resultó ser una obra de ingeniería
política de las altas esferas del gobierno estadounidense y del
complejo corrupto de los derechos humanos mezquinamente politizados. El
ex ministro de justicia canadiense que criticó al comandante Daniel
Ortega, resultó ser un viejo amigo de uno de los operadores de ese
complejo. La organización de derechos humanos Inocencia Internacional
resultó ser receptora de los fondos nada inocentes del magnate Soros.
¿Qué pasa entonces con el apoyo a Puracal del ex jefe de la DEA Tom
Cash, uno de los hombres que ayudó a enjuiciar al mismísimo Pablo
Escobar?
Al dejar la DEA, Thomas V. Cash se fue a trabajar en
la empresa Kroll, donde pasó a ser jefe de la oficina de Miami. Entre
los servicios de esa empresa se encuentra la asesoría a los gobiernos
de distintos paraísos fiscales sobre como mejorar su imagen y lograr
que los quiten de las listas antilavado de la OECD, un trabajo que es
realizado por muchos ex oficiales de inteligencia cuando dejan el
servicio público y pasan al sector privado. En el caso de Cash, la
misión asignada por Kroll fue la de ayudar a
hacerle un lavado de imagen al paraíso fiscal de Antigua,
es decir, a hacer un trabajo de cosmética financiera para que los
Pablos Escobares de hoy en día puedan seguir lavando los ingresos del
narco.
Lo que hizo que Cash cayese en desgracia, sin embargo, fue otra cosa. En el pasado mes de junio, el conocido estafador
R. Allen Stanford fue condenado a 110 años de cárcel al investigarse un
esquema Ponzi
por el que en un período de 20 años robó 7 mil millones de dólares a 30
mil ahorristas a los que prometía tasas de interés fabulosas por sus
depósitos en el Stanford International Bank en la isla de Antigua. El
caso había reventado tres años atrás, en 2009, cuando las autoridades
federales allanaron las oficinas del Sanford Group para investigar el
fraude. A fines de julio de ese año,
Cash dejaba su puesto en Kroll.
¿La razón? Como consultor, Cash, trabajando para Kroll, le dio a los
inversionistas la luz verde para que invirtiesen en Stanford, pero nunca
se preocupó de informarles que su empresa una vez había sido
"contratada y pagada" como consultora de Stanford, según denunció una
fundación de electricistas que perdió más de 6 millones de dólares en el
esquema Ponzi. Cash jamás le informó a los electricistas que Stanford
había sido penalizada por la Autoridad Reguladora de la Industria
Financiera, así como tampoco les informó que un ex-empleado de Stanford
había demandado a la empresa con la acusación de que era una estafa.
Entre las credenciales de Cash figuraba, según el
New York Post, la de haber sido presidente del Comité de Prevención del
Fraude de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida. Dice
el diario que las conexiones de Cash entre los círculos policiales de
ese estado eran tan grandes que un juez asignado a la demanda de los
electricistas contra Kroll tuvo que renunciar al caso porque había sido
amigo personal de él durante muchos años.
Injerencia descarada
El 16 de agosto comenzará la audiencia de apelación
en el caso de Jason Puracal. La justicia nicaragüense decidirá si hay o
no elementos para declarar nulo el juicio en el que se le condenó a 22
años de prisión según los procedimientos establecidos en la
Constitución y el Código Penal del país. Sin embargo, la manera
descarada como grupos que no tienen nada que ver con los derechos
humanos y sí con las redes de injerencia política de los Estados Unidos
se dedica a usar el caso para hacer propaganda antinicaragüense no
favorece en nada a la defensa del reo Puracal.
El caso de la campaña a favor del convicto
narcotraficante Jason Puracal ilustra a la perfección el nivel de
corrupción y de manipulación de los derechos humanos por parte de los
Estados Unidos y sus aliados en el mundo.
