Por Jorge Capelán, RLP/TcS.
El otro día, un buen amigo de Nicaragua me envió el enlace a un vídeocomentario de un estadounidense que había estado en el país hace unas semanas. Se trata del segmento “The Henry Report”, que transmite la cadena alternativa estadounidense “The Real News Network” - un medio que dice ser progresista y de izquierda.
El que hablaba sobre Nicaragua era un tal James S. Henry, “economista, abogado y periodista de investigación”. ¡Ay, mi Dios! Fue como escuchar a Fabio Gadea con fiebre. Una sarta de barbaridades tan absurdas que le contesté a mi amigo que ese mamarracho era "una prueba de cómo el aparato de propaganda permea todo el espectro de los medios occidentales, incluyendo a medios supuestamente 'alternativos' que juran que para nada reciben plata de ningún interés corporativo".
Vídeo original en inglés
En tan solo 5 minutos de vídeo, el tal James S. Henry se las ingenia para acumular una serie de afirmaciones alucinantes:
Dice que, con el proyecto del Gran Canal, el Presidente Daniel Ortega ha “girado a la derecha para […] reemplazar los recursos que ha venido recibiendo de Venezuela o tal vez para asegurarse de posibles cambios” en el país bolivariano.
También dice que “el trato del Canal es básicamente un regalo […] porque todos los ingresos del canal serán libres de impuestos canalizados a través esta empresa de ultramar (offshore).”(??) Lo que hagan con los ingresos del Canal el señor Wang Jing y el resto de los inversionistas que se sumen al proyecto del Canal es una cosa estrictamente entre ellos y sus respectivos Estados. Son reglas del juego económico que Nicaragua no ha inventado, y que por cierto han diseñado los poderes occidentales que han promovido la denominada “globalización”.
Por parte de Nicaragua (y parece que eso James S. Henry no lo sabía), habrán ingresos correspondientes a sus acciones en la empresa, que irán aumentando a razón del 1% anual durante el período de la concesión, que al llegar al año 50 significará un control mayoritario de las mismas para el país. Cabe preguntarse ¿cómo se le ocurre a James S. Henry que el Estado de Nicaragua vaya a cobrarse impuestos a sí mismo?
En la imaginación de James S. Henry, HKND (por lo demás una “oscura empresa”, según él) creó una subsidiaria en las Islas Caimán para financiar proyectos de redes inalámbricas, lo que es totalmente falso: HKND Group Holdings Ltd. es una empresa de infraestructura basada en Hong Kong y registrada en las Islas Caimán igual que la Microsoft, Google y cientos de empresas multinacionales que se han registrado en ese u otros paraísos fiscales aunque estén basadas en otros países. De hecho, una gran parte, sino la mayoría de las empresas multinacionales, están registradas en paraísos fiscales o en países de muy bajos impuestos. James S. Henry que, como veremos más tarde, es un todo un “experto” en la lucha por la “justicia fiscal”, lo debería saber...
Criticando las propuestas reformas a la Constitución (faltaba más), James S. Henry afirma que el Presidente Ortega “ha fortalecido el papel del partido que representa con sus cortes de la familia”. Un momento: no dice “consejos” de la familia, que en inglés es “councils”, sino que usa la palabra “courts” (corte o tribunal). Lo que está diciendo es que las propuestas de reformas a la Constitución incluyen alguna especie de “tribunal” sandinista para juzgar a la gente. Con eso le gana en capacidad difamatoria a la plana mayor del MRS, al Consejo Editorial de La Pren-CIA, S.A. y a la mismísima Radio Corporación juntas.
Dice que las reformas “le permiten a las compañías de Internet espiar las comunicaciones nicaragüenses” (SIC). En realidad, el objetivo de las reformas es exactamente lo contrario. Lo que las revelaciones de Snowden, WikiLeaks, etcétera muestran es que la mayoría de los países del mundo no hacen nada para impedir que ocurra ese tipo de espionaje, y que recién ahora esas cuestiones se están comenzando a debatir por parte de los gobiernos. Parece que esos datos a James S. Henry le tienen sin cuidado, siempre y cuando pueda dar vuelta las cosas de la manera que mejor sirva a su argumentación.
Pero, según esta lumbrera, “economista, abogado y periodista de investigación”, esto no es nada, porque las reformas a la Constitución "están montadas en una reforma fiscal que es una de las más regresivas en la historia nicaragüense". ¿De dónde habrá sacado semejante estupidez? ¿Del “experto” en temas económicos de La Pren-CIA? Incluso afirma, sin aportar ninguna fuente, que con la reforma, "Nicaragua básicamente le está dando más de 500 millones de dólares al año en exenciones fiscales a los intereses corporativos".
En un libro que escribió sobre el tema de la evasión de impuestos y los paraísos fiscales, el mismo James S. Henry lleva adelante la tesis de que los estados del mundo podrían estar perdiendo, a causa del no pago de impuestos por parte de las corporaciones, un 10% de la riqueza global. Ahora, si la reforma fiscal nicaragüense que él critica da exenciones por 500 millones de dólares, el PIB del país en 2012 anduvo por arriba de los 10.500 millones, es decir que las tan criticadas exenciones llegan a apenas un 5% del PIB – muy por debajo de lo que el analista ve como un grave problema a nivel global. Si lo que desea es indignarse, este señor haría mucho mejor en atacar a los gobiernos europeos y norteamericanos, que permiten fugas mucho más fabulosas en términos tanto relativos como absolutos, que las que supuestamente permitiría el Estado de Nicaragua.
Además, si lo que afirma James S. Henry fuese cierto, y lo que tenemos aquí fuese un sistema neoliberal, entonces habría que reconocer que el neoliberalismo funciona, ya que en este país los salarios más bajos suben, el índice Gini de desigualdad baja, la economía crece, se crean trabajos, aumenta la recaudación, la economía funciona, etcétera.
Si lo que dice este tipo fuese cierto, entonces resultaría que los que vivimos en este país estamos locos, porque ¿cómo hacemos para financiar salud y educación gratuitas, subsidiar los servicios básicos, counstruir y reparar carreteras, cambiar la matriz energética del país y aumentar la generación, llevar agua potable a quienes jamás la han tenido, pagar pensiones a los adultos mayores, todo eso sin que las personas con bajos salarios paguen impuesto a la renta, sin subir el IVA, e incluso, teniendo una serie de productos básicos totalmente liberados de ese regresivo y neoliberal impuesto?
La cantidad de inexactitudes, omisiones e inventos que James S. Henry logra meter en 5 minutos de vídeo es tal que parece que tuvo una sesión intensiva de adoctrinamiento con lo más granado de la ultraderecha local rociada con abundantes dosis de guaro, porque no solo repite los ejes del MRS-PLI-La Pren-CIA y demás secuaces, sino que además lo hace mal, cometiendo errores factuales que ni siquiera los medios más reaccionarios del país cometen.
El de James S. Henry no es un análisis malo, ni es solo un análisis sesgado. Son cinco minutos de hablar mal del gobierno sandinista solo por hablar, de decir lo que sea con tal de que quepa en el mensaje de “Yo simpaticé antes con el sandinismo pero ahora, con lo del Canal, el gobierno de Daniel Ortega en realidad es de derecha”. El objetivo de ese tipo de mensajes es obvio: Tratar de predisponer a la gente progresista en los países del Norte en contra de Nicaragua. Es un producto de propaganda negra, no es ninguna chapuzada de un analista con un mal día y unos tragos de más.
En una parte de su alocución, James S. Henry lanza una advertencia: "Ya la gente que está trabajando con la cuestión de la justicia fiscal en Nicaragua está muy preocupada sobre el hecho de que se está legalizando un sistema impositivo mucho más regresivo" en el país. ¿Quién es esa gente que está tan “preocupada”? Lo veremos más adelante, pero primero echemos un vistazo a quién es este James S. Henry.
El personaje fue el economista en jefe de la consultora McKinsey & Co., una de las 10 mayores firmas que asesoran a gobiernos y empresas multinacionales sobre temas económicos. Además escribe para grandes medios en los EE.UU., como Forbes, The Wall Street Journal, The New Republic, The Nation, The New York Times, The Washington Post y otros, es decir que es una voz reconocida en cuestiones como el desarrollo global, la economía y el tema fiscal, sobre todo entre círculos progres de los EE.UU. Ataca a los “banqueros sangrientos” que se benefician de la fuga de capitales y el tráfico de drogas y personas, lo que a su vez le da una excelente cobertura para asestar golpes bajos a países como Nicaragua, participando en las más inmorales campañas de propaganda negra.
El nombre del juego es el siguiente: Como ya es imposible negar la naturaleza corrupta y delictiva del modelo sobre el que se basa la dominación económica en declive de Europa y los Estados Unidos, lás élites que controlan el imperio se meten en el debate tratando de sembrar buenas dosis de desinformación para pescar a río revuelto y salvar sus privilegios. Hacen críticas indignadas sobre el lavado y la fuga de capitales, pero en última instancia se cuidan muy bien de que el fuego esté dirigido, ya bien hacia gobiernos y países que se opongan a su hegemonía, o a blancos que efectivamente desvíen la atención sobre los verdaderos y principales beneficiarios del sistema global de explotación.
Es una gigantesca operación de “manejo de riesgos” operada por intereses que en realidad le deben todo a la especulación, al lavado, a las empresas de ultramar, al narcotráfico, a la desestabilización y a las guerras imperiales. Los verdaderos “malos” en esta operación de guerra sicológica son siempre representantes del “Oriente”, sea éste Rusia, China, Venezuela o cualquier otro país cuyas élites no controlan ni Wall Street ni la City de Londres.
Los productos de esta guerra jamás harán una sola revelación sobre cómo se robó el oro de Libia, y jamás dirán nada interesante sobre las redes del lavado y el narcotráfico que en estos momentos llevan adelante la guerra económico-financiera y especulativa contra el gobierno bolivariano. Guardarán un silencio sepulcral en torno a la alianza de los fondos buitres con los tribunales estadounidenses, el gobierno británico y la derecha fascista para desestabilizar el gobierno de Cristina Fernández en la Argentina, y mucho menos hablarán sobre los verdaderos intereses financieros que se mueven tras el baño de sangre en Siria.
Un ejemplo de esto, en los últimos años, es la operación “Infiltración de Ultramar”, diseñada para echarle tierra a países como Rusia, China, Irán, Venezuela, India, Indonesia y otros similares a través de la divulgación, previo filtro a través de medios occidentales como el The Guardian inglés o el New York Times, los que obtienen acceso privilegiado a toneladas de material sobre cuya base construyen, juntando tendenciosamente las piezas, jugosas historias de corrupción, delito y tráfico de influencias:
A inicios de este año, las agencias internacionales de noticias se hicieron eco de un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), según el cual funcionarios de gobiernos de países como los arriba mencionados, y miembros de sus familias, tenían empresas e invertían en paraísos fiscales bajo la protección del secreto de grandes bancos como UBS, Clariden y Deutsche Bank. Ninguna de esas revelaciones afectaba seriamente ni a Washington ni a la Casa Blanca. Lo que sí lograban esas historias era hacer un “asesinato de carácter” contra terceros sin mayor interés en el rigor de las pruebas.
El informe de ICIJ se basaba en el trabajo de decenas de periodistas de The Guardian y otros medios, especialmente occidentales. Los datos en los que se basaba ese informe, más de 260 gigabytes, o 160 veces más que los cables diplomáticos de WikiLeaks, han ido saliendo dosificados a cuentagotas. Se trata de unos 2,5 millones de documentos, con los datos de registro de 122 mil empresas de ultramar en las Islas Vírgenes Británicas, y los nombres de 130 mil personas de 170 países que el ICIJ asegura no entregará a ningún gobierno. ¿A ninguno?
Sobre el ICIJ no se sabe mucho, pero lo que sí se conoce, porque la misma organización lo dice en su página web, es que es un proyecto del Centro para la Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés). ¿Y quién financia al CPI? Pues nada más ni nada menos que la Knight Foundation, la Ford Foundation, y George Soros, es decir “filantropistas” especializados en proveer de dinero y mampara a todo tipo de iniciativas vinculadas a la Casa Blanca y a la CIA.
A este complejo de opinadores occidentales sobre temas fiscales, que más bien debería llamarse de “difamación político-fiscal”, pertenece gente como James S. Henry, que es directivo de otra red similar, la Alianza Global por la Justicia Fiscal, una organización financiada por los gobiernos de Finlandia y Noruega, entre otros. ¿Qué autoridad moral tienen gobiernos como esos para señalar la paja en el ojo ajeno?
Por ejemplo, el tercer paraíso fiscal más grande de Noruega es.... Noruega. En junio de este año el director de impuestos de ese país escandinavo, Svein Kristensen, le dijo al diario E24 que la mayor parte de ese dinero es efectivo escondido en cajas fuertes o en colchones, o también en bienes no declarados como botes y automóviles. Recientemente, el gobierno Noruego decretó una amnistía fiscal de modo que aquellas personas con activos no declarados pudiesen evitarse el pago de una multa del 60% si voluntariamente “corregían” los datos en sus declaraciones de impuestos. Muchos noruegos se acogieron a esa amnistía pero de todos modos declararon “a la baja”.
En realidad, el problema de fraude fiscal en Noruega es mucho más dramático que el hecho de que la gente guarde su dinero debajo del colchón, porque seis de cada 10 empresas activas en ese país no pagan ningún tipo de impuestos. Es cierto que muchas empresas no pagan porque realmente no han tenido ganancias, pero más de la mitad de las empresas que declararon 0 ingreso en ese país son multinacionales que a través de la triangulación y el lavado mantienen su plata allí donde paga menos impuestos. En 2011, el fraude fiscal en ese país se calculó en unos 4.851 millones de dólares, de un PIB que ese año ascendía a unos 421.200 millones, es decir, un 15% del Producto Interno Bruto.
La situación con el fraude fiscal sistémico que provocan las empresas multinacionales es generalizada, especialmente en los países occidentales. Esos gobiernos harían bien en destinar más recursos a combatir ese tipo de fraude. El problema es que entonces estarían combatiendo a los mismos intereses que los mantienen como gobiernos. Más fácil es entonces desviar el tema e instrumentalizarlo como arma de agresión política.
Por ejemplo, a fines de noviembre de este año, James S. Henry participó como orador en un seminario organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y la “sociedad civil” en Managua. El IEEP y otras organizaciones de la sociedad civil como Ética y Transparencia son en realidad mamparas e incluso inventos de la USAID. El socio nicaragüense de la Alianza Global por la Justicia Fiscal es la Fundación para el Desarrollo y la Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC), receptora de fondos de la USAID y del gobierno de Noruega. ¿Desde cuándo se ha vuelto antineoliberal la USAID? ¿Con qué autoridad, un tipo que se presta a esa clase de aquelarres de propaganda antisandinista puede posar de progre en los medios alternativos del primer mundo? Pues, con la autoridad de la ingenuidad de mucha gente en esos países imperiales, que no se dan cuenta de hasta qué punto sus movimientos están infiltrados por los mismos intereses que ellos creen combatir.
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